Comunicado sobre las últimas declaraciones políticas del Presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre la tortura pública de los correbous en Cataluña
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, en declaraciones a Catalunya Ràdio el pasado 4 de agosto, afirmó que el Parlament descarta la prohibición de los correbous, dado que no cree que haya que imponer prohibiciones, sino que hay que avanzar en materia de bienestar animal y evolucionar «desde los ámbitos donde se hacen estas tradiciones», en vez de legislarse desde el Parlament de Catalunya.
En respuesta a estas declaraciones, desde la CACC queremos hacer constar que la abolición de la tortura pública no es una imposición, ni legal, ni territorial, sino parte del progreso moral de las sociedades democráticas, dado que avanzar en materia de bienestar animal requiere que se dejen de utilizar animales reales para la celebración de fiestas populares y que la evolución cultural de estas fiestas debería realizarse a partir de la utilización de figuras de cartón piedra, tal y como ya se hace en la gran mayoría de municipios catalanes.
La aplicación de un reglamento de buenas prácticas no garantiza ni el bienestar de los animales, ni la seguridad de los participantes, tal y como ha quedado patente en las grabaciones llevadas a cabo por la CAC donde se podía captar el sufrimiento de los bóvidos, la participación de menores de 16 años y en hechos tan graves como el accidente ocurrido en la fiesta mayor de Vidreres en 2019.
Según las palabras del Presidente de la Generalitat: «Es un proceso que debe ir avanzando, pero si es visto como una imposición de Barcelona, no avanzaremos»; negando que su posición estuviera motivada desde un punto de vista electoralista. Desde la CACC queremos hacer constar que la gran mayoría de los catalanes se muestran favorables a la abolición de los correbous, incluso en las Terres de l’Ebre y en la Catalunya Central, ya que estas prácticas, de acuerdo con la evidencia científica, conllevan una gran crueldad hacia los animales y ponen en riesgo la integridad de las personas.
Abolir esta tipología de tortura pública, temeraria y anacrónica, no supone ninguna imposición centralista, pero el hecho de permitirla es una imposición a todos los catalanes que nos avergonzamos que en nuestro país la legislación vigente todavía permita estas aberraciones.
